Marlaska le vacía las cárceles a Urkullu a un mes del traspaso de competencias

Todo apunta a que el próximo mes de marzo el Gobierno del País Vasco tomará el control de las cárceles que hay en su territorio. Sin embargo, la opacidad del procedimiento es sorprendente, tanto que se ha registrado una pregunta parlamentaria para que se haga público un borrador con esos detalles. OKDIARIO ha sabido que, pese a la restricción de traslados de presos entre cárceles por la pandemia del Covid, en los últimos meses se ha disparado la salida de determinados internos del País Vasco a otras provincias.

El País Vasco está a punto de convertirse en la segunda comunidad autónoma, después de Cataluña, que pase a tener el control sobre las cárceles que hay en su territorio. A partir de ese momento el Ejecutivo de Urkullu controlará no sólo los recursos materiales y humanos de sus tres prisiones, sino que además será su Departamento de Interior quien tome todas las decisiones que afecten a los presos en el País Vasco desde el punto de vista regimental. Eso sí, a partir de ese momento será también responsabilidad del mismo Ejecutivo gestionar y administrar los fondos económicos para el mantenimiento de las prisiones de Basauri, Nanclares de Oca y Martutene, esta última pendiente de renovación, ya que después de casi 75 años en funcionamiento será sustituida por otro centro penitenciario más moderno, también en San Sebastián, en 2023.

Aproximadamente 2.300 presos serán de los que se tenga que ocupar ahora el Gobierno Vasco, y según las últimas cuentas eso supone un gasto anual estimado de más de 50 millones de euros. Sin embargo, ese gasto tiene una variable importante: no todos los reclusos tienen la misma carga económica sobre el sistema. Por ejemplo, si un recluso está recibiendo tratamiento médico o formación académica, sus gastos repercuten sobre las áreas de Interior, por estar preso, y sobre los departamentos autonómicos de Salud y Educación. También encarecen y mucho su mantenimiento los presos más conflictivos porque requieren de instalaciones y personal carcelarios específicos. Ahora hay que fijarse en los traslados, y ojo, no en los acercamientos de presos de ETA, que se siguen produciendo, sino en otros muy llamativos: en los últimos meses se ha disparado el traslado de presos desde cárceles vascas a otras comunidades autónomas.

Conducciones especiales de presos

En primer lugar, llama la atención el hecho de que haya traslados ya que el propio Ministerio del Interior canceló todas las conducciones de presos salvo las ordenadas por los jueces para minimizar la posibilidad de contagios. Con esa orden en vigor no se entiende que haya habido traslados desde el País Vasco de presos con determinado perfil, como el efectuado de manera reciente de un recluso que llegó desde San Sebastián hasta la prisión palentina de Dueñas. El recluso, de origen extranjero, requiere un tratamiento médico y cuidados específicos por una dolencia que lo mantiene en silla de ruedas.

El reglamento penitenciario es taxativo en lo que a estos traslados se refiere. Los reclusos que requieran de tratamientos médicos específicos serán trasladados de cárcel siempre que en la comunidad autónoma donde está cumpliendo condena no se le pueda prestar esa asistencia médica. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que los cuidados que este interno en concreto necesita se le pueden prestar exactamente igual en el País Vasco y en Castilla y León. Pero hay más.

Uno de los perfiles de tratamiento médico más habitual recibido en prisión es el que afecta a los drogodependientes, y precisamente ese tipo de reclusos forma el grueso de otros internos que han ido siendo sacados del País Vasco en los últimos meses, y desde que no hay conducciones ordinarias se ha hecho a través de conducciones especiales según informan a este diario fuentes penitenciarias.

Estas mismas fuentes destacan que la nueva cárcel de San Sebastián, la que se prevé inaugurar en 2023, será una prisión moderna pero no apta para cualquier tipo de recluso. Sorprende que una cárcel nueva no prevea tener celdas para régimen cerrado o presos en primer grado, los más peligrosos. De hecho, otros de los reclusos sacados del País Vasco llegan a otras provincias clasificados en primer grado, otro motivo para respaldar estos llamativos traslados que como efecto colateral está consiguiendo una población reclusa menos conflictiva en el País Vasco. De hecho este modelo ya se copió en Cataluña, tal y como confirman las fuentes consultadas por este medio: «En uno de los motines más graves que ha habido en Cataluña, el de la cárcel de Quatre Camins, todos los que fueron detenidos durmieron al día siguiente en Zuera, Zaragoza. Forma parte del acuerdo con el Gobierno. No quieren primeros grados conflictivos en sus cárceles».

Por todo lo anterior la oposición en el Parlamento Vasco, a través de la agrupación PP+Ciudadanos, ha presentado una moción “relativa al traspaso de los medios materiales y humanos para el ejercicio de las competencias relativas a organización, régimen y funcionamiento de los servicios penitenciarios”. Quedan menos de 20 días para cerrar el acuerdo definitivo de ese traspaso y en el Parlamento Vasco no entienden por qué apenas se conocen detalles.